Blindaje para los puertos deportivos valencianos
La Generalitat descarta la privatización de los clubes náuticos con concesiones caducadas. Permite que sólo las entidades deportivas puedan presentarse a los concursos para renovar sus concesiones e impide que grandes empresas pujen
Se acabó la guerra entre el Consell y los clubes náuticos de la Comunidad Valenciana. Ambas partes cerraron ayer un acuerdo en Valencia que blinda el futuro de los puertos deportivos y permite a la Generalitat quitarse de encima una patata caliente heredada del PP. El Gobierno valenciano ha enterrado sus planes iniciales y ha descartado definitivamente la posibilidad de que los puertos con concesiones administrativas caducadas sean privatizados.
De hecho, permitirá que sólo se presenten entidades deportivas a los concursos que se abran para renovar estos permisos, lo que supone frenar la entrada de grandes empresas como gestores de las dársenas. Ello deja el camino libre para que los clubes náuticos renueven sus concesiones a partir del 1 de enero de 2016, de forma que los 12 clubes que tienen su concesión vencida (algunas con más de 15 años) puedan regularizar su situación legal y no caigan en manos de inversores externos.
Tanto la Generalitat como la Asociación de Clubes Náuticos de la Comunidad Valenciana celebraron el pacto alcanzado tras más de dos meses de tensión. La administración autonómica quería licitar, a través de un concurso público, las concesiones de los puertos cuyo periodo de explotación había expirado. Ello abría la posibilidad a que cualquier empresa privada optara a la gestión de las bases náuticas, y por extensión, abocaba a los clubes náuticos (entidades sin ánimo de lucro) a la práctica desaparición, ya que no pueden competir con los grandes inversores privados interesados en desembarcar en el sector náutico. Tras varias reuniones, la Conselleria de Territorio ha dado un paso atrás y se ha olvidado de la polémica privatización, una estrategia poco coherente con la ideología de este nuevo Consell de izquierdas.
No obstante, desde la Conselleria siempre han defendido que su plan de licitar las concesiones de los puertos, que están ubicados en dominios públicos, obedecía al cumplimiento de la ley. El departamento de María José Salvador se agarraba a que la Ley de Puertos de la Generalitat, en lo referido al régimen de concesión directa a los clubes náuticos, debía adaptarse a Ley de Garantía de Unidad de Mercado, porque era contraria a esta normativa estatal. Además, el Consell contaba con un informe de la Abogacía General de la Generalitat que recomendaba amoldar la ley autonómica a la estatal. Por su parte, Puertos del Estado se había posicionado al lado de los clubes náuticos en este conflicto, al igual que los ayuntamientos que albergan los puertos deportivos.
Toda esa guerra, que ya se libró con el Consell de Alberto Fabra, que llevó a los clubes a demandar a la administración regional ante el Tribunal Superior de Justicia por no renovar las concesiones caducadas, y a plantearse el cierre de los puertos y la paralización de toda la actividad náutica, ha terminado.
SBC-elmundo.es
